En total se gastaron 40.000 euros públicos por comprar 1.800 libros inútiles para la administración, que acabaron abandonados en el garaje del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), sin que se les diera otra aplicación que no fuera la de "rellenar las cestas de aguinaldo de Navidad" de los empleados de la entidad pública.
Según apunta Europa Press, Nadal ha aceptado una condena de tres meses de cárcel que serán sustituidos por una multa de 1.800 euros. Se trata de la misma pena a la que han sido condenados los autores de la publicación -a quienes les fueron comprados los ejemplares-, el exgerente del Inestur Antoni Oliver y la exdirectora de área Luisa Tortella.
Los hechos se enmarcan en la pieza seis del conocido como caso Voltor (que estalló en 2010), una de las numerosas causas centradas en las irregularidades desplegadas de Unió Mallorquina a lo largo de varias legislaturas y que acabaron en 2011 con su disolución.
Los acusados han reconocido que Nadal decidió beneficiar a los escritores del libro 'Visionarios del Caribe' adquiriendo hasta 1.800 unidades del mismo, cuyo contenido no reportaba utilidad alguna para el Govern. Convenció y ordenó a Oliver y a Tortella para que llevasen a cabo las gestiones necesarias para la puesta en marcha de un expediente de contratación que conllevara el pago de fondos públicos a los periodistas a quienes quería beneficiar.
Tortella signó, en enero de 2009, un informe sobre la adecuación al mercado del precio del contrato -un total de 80.000 euros más IVA-, diligencia que no se acompañó del presupuesto al que aludía.
El contrato de suministro fue firmado seis días después por Oliver y los autores de la publicación por un total de 80.000 euros, que se traducía en 40 euros la unidad. No obstante, según la base de datos de los libros publicados en España, el precio de cada ejemplar era en aquel momento de 20 euros, que no se correspondía con los fondos abonados por la Administración.
Los acusados han reparado la totalidad de los perjuicios con el pago de los 40.000 euros de sobrecoste que abonó el Govern, además de las costas del proceso.
