Con la manipulación habitual de la semántica que caracteriza a la izquierda, el govern Armengol ha convertido en derecho de los ciudadanos la creación de unas líneas de autobuses desde el aeropuerto a distintos centros turísticos pensadas exclusivamente para el turista. A la vista del perjuicio que pueden suponer esas líneas para la economía familiar de los taxistas, el sector se ha movilizado contra el proyecto hasta obtener algunas modificaciones del mismo, sin que el Govern, sin embargo, haya renunciado a la aventura de contradecir el sentido común.
El transporte público por carretera, y también por ferrocarril – la huelga del servicio ferroviario sigue sin solución-, adolece de severas deficiencias que el Govern pretende ocultar con la idea con la que tan satisfecho se encuentra. En todas las grandes capitales, el aeropuerto cuenta con un sistema de comunicación rápido, fluido y competitivo económicamente con la ciudad de referencia. En nuestro caso, sería entre Son Sant Joan y la estación intermodal para, desde allí, comunicar con el resto de la isla. Pero no, nuestro govern se las da de original y en lugar de invertir para mejorar la red de transporte público con origen en la plaça d’Espanya, que sí beneficiaría a todos los ciudadanos, se lía la manta a la cabeza y crea unas líneas de transporte cuyo futuro está lleno de sombras por la improvisación demostrada.
Lo ha puesto negro sobre blanco el PP con una contundente alegación que desmonta el plan de buses turísticos gubernamental. Sostiene el PP: 1) se ha vulnerado el plan de transportes de Baleares, introduciendo modificaciones sin estudios de movilidad ni medioambientales: no contiene ni informes de viabilidad económica, social ni ambiental ni las previsiones de nuevas infraestructuras en la red viaria y ferroviaria, ni el pertinente estudio económico y financiero. Y 2) se ha omitido el trámite esencial de los informes de las administraciones afectadas, ayuntamientos y, sobre todo, el Consell de Mallorca, cuyas competencias son vulneradas sin complejos; y por añadidura el ejecutivo modifica el plan sobre la marcha, para incorporar el acuerdo con los taxistas.
Sin que se encuentre una explicación a la obcecación gubernamental con los autobuses turísticos (los hay que ya se preguntan si tendrá algo que ver con las futuras concesiones del transporte por carretera), sentido común y govern Armengol siguen siendo incompatibles.
