De prosperar su última ocurrencia, ser propietario de una vivienda en las Islas Baleares, dentro de poco tiempo, será sinónimo de formar parte de la odiosa delincuencia criminal, haberse convertido en un contumaz defraudador de la hacienda pública, estar alineado con los enemigos de la sociedad, engrosar las filas de los egoístas acaparadores de propiedades privadas y estar favoreciéndose de actos penalmente punibles en el ámbito de la especulación inmobiliaria.
La sorpresa, por no decir la incredulidad, ha recorrido la sociedad balear al escuchar de su propia boca de usted, en la rueda de prensa posterior al último Consell de Govern, que tener una vivienda más de seis meses vacía podrá ser objeto de las medidas que los ayuntamientos de Baleares consideren oportunas. Todo ello bajo la eufemística denominación de ‘vivienda temporalmente desocupada’. Y eso de ‘medidas de los ayuntamientos’ no es, ni mucho menos, sinónimo de aplausos y lisonjas, ni de exenciones fiscales, tampoco de algún tipo de exoneración en el pago de impuestos o de un posible accésit a la obtención de lisonjas y prebendas municipales.
No. Eso de ‘medidas de los ayuntamientos’ en el ámbito de la declaración administrativa de ‘vivienda temporalmente desocupada’, al amparo de la nueva Ley de la Vivienda de las Islas Baleares, es –simple y llanamente– que te van, y perdonen la expresión, a crucificar a impuestos o, simplemente, a expropiar temporalmente tu casa a gusto y discreción del funcionario de turno.
La casuística es enorme en relación a la posibilidad de que esta ocurrencia de usted, señor conseller, acabe convirtiéndose en un rosario inconmensurable de actos punitivos y coercitivos de los consistorios con la consiguiente movilización social de los propietarios en los juzgados de lo contencioso administrativo, sino de lo penal, por arramblar la medida con el legítimo derecho a la propiedad amparado por la vigente Constitución española del año 1978.
Desgranemos unos cuantos ejemplos que a todo persona común de los mortales le viene a la cabeza y, sin embargo, a ninguno de sus compañeros de Govern, ni a la pléyade de asesores que mantiene apoltronados en su conselleria o, por qué no decirlo, tampoco a usted se les han ocurrido que acontecerán en un futuro próximo inmediato de seguir adelante su proyecto de ley.
Ejemplo 1: la vivienda vacacional que una familia balear posee en una zona turística y que solamente ocupa en verano.
Ejemplo 2: la vivienda, casa o piso heredado de los padres que se mantiene desocupada hasta tener capacidad económica para reformarlo y reabrirlo.
Ejemplo 3: la casa que se compra en un momento de bonanza económica para entregar, posteriormente, a los hijos.
Ejemplo 4: la casa que se adquiere con los ahorros de una vida para obtener beneficios económicos en el futuro con su venta o alquiler.
Ejemplo 5: la casa que se adquiere, normalmente apartada de la ciudad y en un entorno rural o marítimo, para ocuparla en el momento de la jubilación.
¿Quiere más ejemplos, conseller Pons? Todas ellas son viviendas temporalmente desocupadas y todas ellas responden en su situación a legítimos intereses particulares de sus propietarios. ¿Va usted a permitir que los ayuntamientos se abalancen sobre las mismas para sonsacar aún más fondos económicos a sus propietarios? ¿Va usted a permitir que los ayuntamientos y usted mismo justifiquen así su absolutamente inoperancia en la construcción y habilitación de viviendas socialmente al alcance de todos?
Y es que, realmente, lo que subyace tras su última ocurrencia, señor Pons, es la inutilidad de usted mismo, de su Govern y de la mayoría de los ayuntamientos de las Islas Baleares a la hora de solventar el problema de la carencia de viviendas al alcance de todos. Ahora, con esta medida, usted pretende hacernos creer que la culpa de esta falta de viviendas es culpa de los acaparadores. Falso de toda falsedad.
Tenemos la desgracia en Baleares de sufrir una vivienda cara porque usted y sus compañeros ideológicos de los consistorios han frenado la posibilidad de edificar casas y pisos económicamente asequibles. Este, y no otro, es el quid de la cuestión, conseller Pons.
Su Govern progresista de izquierdas y los de los ayuntamientos de su mismo color han vetado la posibilidad de construir viviendas al alcance de las clases menos pudientes. Sólo los poderosos y los ricos pueden pagarse hoy en día un piso en nuestra comunidad. Y eso es culpa de usted. Y no lo solucionará multando o exprimiendo con más impuestos a los pisos vacíos más allá de seis meses.
No, señor conseller Pons. El propietario de una vivienda desocupada durante seis meses no es un delincuente y no se merece que ningún Govern, ni siquiera el suyo, se lance sobre él con la insana intención de someterlo a gravámenes fiscales aún más onerosos de los que ya ahora paga.
No, señor conseller. Un propietario no es un criminal. Un propietario es un ciudadano que ejerce un derecho constitucional.
