La diferencia entre la solución a un problema y una ocurrencia descabellada estriba simplemente en la capacidad del político responsable en saber, querer y ser capaz de utilizar el sentido común para adoptar decisiones acordes a la legalidad y a la lógica. Respuestas simplistas y simplonas a cuestiones complejas no garantizan, sino todo lo contrario, la supresión de las dificultades.
En Eivissa de forma fehaciente y en Mallorca cada vez de manera más acusada tenemos que hacer frente a una realidad que exige soluciones y no, como ha hecho usted, ocurrencias. El acceso a la vivienda en régimen de alquiler como residencia habitual por motivos laborales de temporada, y no por vacaciones durante el verano, es extremadamente dificultoso en Baleares. Eso es cierto y requiere, como hemos señalado anteriormente, soluciones factibles, eficaces y eficientes.
Además, en determinados casos, esta difícil realidad complica la prestación de determinados servicios esenciales. Por ejemplo: la sanidad. En época estival se multiplica la población en nuestras islas y las plantillas consolidadas de los centros de salud, los ambulatorios y los mismos hospitales se resienten por la necesidad y la realidad del disfrute de las vacaciones por parte de los profesionales que habitualmente ocupan estos puestos.
Alrededor de estas dos premisas se construye una tormenta perfecta: la de los profesionales sanitarios que se trasladan durante el verano a Baleares para trabajar coyunturalmente en la sanidad pública y se topan de bruces con que no disponen de vivienda digna a un precio asumible de acuerdo a sus ingresos salariales.
Y es en ese momento cuando alguien expone una ocurrencia que, de haberse parado solamente un minuto a revisarla, inmediatamente la habría descartado: habitaciones de un hospital abandonado a 15 euros la noche. Es decir, a 450 euros al mes. Y, señora Gómez, calificamos las referidas estancias como habitaciones para no faltarle el respeto a usted, ni a su esposo y director general del IbSalut, ni al lumbreras que lo propuso ni a los que lo aceptaron.
Le llamaremos habitaciones por dignidad ya que nos parece de todo punto aberrante que una institución pública como la suya, del progresista Govern de les Illes Balears, que enraíza todas sus actuaciones en los sacrosantos Acords pel Canvi, que se llena la boca día sí y día también acerca del respeto a la dignidad de los trabajadores y la necesidad de valorar en su justa medida la labor de los profesionales de los servicios sanitarios públicos, se le haya ocurrido que a eso que hay en el antiguo hospital de Can Misses de Eivissa se le pueda calificar de ‘habitaciones’ y, aún más, que el precio final del alquiler sea de 450 euros por mes. ¡450 euros por mes por una estancia desangelada, con un catre, una mesilla, una silla y un armario! ¿¡Habitación para un profesional de la medicina o celda espartana para un preso encarcelado!?
Y, por si todo eso no fuera poco, algunas de estas habitaciones-celdas no tienen ni siquiera baño, con la obligatoriedad para sus inquilinos médicos doctores de salir al pasillo y acudir a un lugar común para asearse. Le recuerdo, señora Gómez, que estamos hablando de profesionales sanitarios de primera categoría, en un hospital público de las Islas Baleares, en Europa y en pleno siglo XXI.
Quizás algún lector quiere ver una simple anécdota en el problema que le exponemos. Está en su absoluta libertad. Sin embargo, subyace tras su decisión una realidad: la precariedad intelectual de un equipo de gestión que ha optado por el camino fácil ante un problema complejo. No es de recibo que, ante la realidad de los problemas de acceso a la vivienda que padecen los profesionales temporeros de la sanidad pública balear, la alternativa sea una habitación indigna en un hospital abandonado a 450 euros al mes de alquiler.
No, señora Gómez: su solución no es una solución. Es un insulto a los profesionales de la sanidad, es un desprecio a su trabajo, es un despropósito que nos retrotrae a los trabajadores que en los años 60 viajaban hasta nuestras islas para trabajar en el turismo durante el verano. Si el tardofranquismo hace tiempo que pasó, las soluciones habitacionales tercermundistas también.
Consellera Patricia Gómez: 450 euros mensuales de alquiler por una celda inhóspita en un hospital abandonado… ¿no le da vergüenza?
