En un comunicado, en dicha iniciativa parlamentaria, también presentada por la madre afectada, se recuerda que es responsabilidad de la clase política velar por los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
Asimismo, han expuesto que es "un deber cívico preservar la fortaleza y la dignidad democrática de nuestras instituciones, frente a los comportamientos de carácter autoritario y caciquil de cualquier cargo electo en el ejercicio de sus funciones".
Las entidades han registrado la PNL junto a un aval de más de 1.000 ciudadanos que, en tres semanas, han firmado exigiendo el cese del conseller.
"Un representante público que se atreve a dirigirse en estos términos a sus representados no debe permanecer ni un segundo más al frente de sus responsabilidades y si no presenta su dimisión debería ser cesado inmediatamente de su cargo", han expuesto.
La iniciativa debe ser ahora recogida por alguno de los grupos parlamentario inscrito en la Cámara balear.
