Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa Pons, quien ha detallado que se pondrán en marcha un total de nueve líneas de ayudas diferentes para todos los ayuntamientos de Balears como "herramienta de lucha contra el incremento del precio de la vivienda, como se ha producido en los últimos años", ha expresado.
En esta línea, desde la Conselleria han dado a conocer la previsión del Plan de Vivienda en la comunidad que ya está "cerrado y acordado". "Una tendencia que permite hacer unos pasos, conscientes de que veníamos de una falta de políticas de vivienda en la pasada legislatura", ha expresado.
En este sentido, ha contrastado que durante la anterior legislatura se gastaron 9 millones de euros en materia de vivienda y que "ahora se cerrarán más de 80 millones euros".
En conjunto, para cubrir las distintas líneas de las previstas en el Plan estatal, se destinarán 19,6 millones de euros a ayudas y fomento de las viviendas públicas de alquiler en 2018, unos 19,4 millones de euros en 2019, 11,3 millones en el año 2020 y hasta 11,6 millones de euros en 2021.
En relación a las principales líneas impulsadas, el Govern ha destacado el mantenimiento, mejora y refuerzo de las ayudas al alquiler de vivienda libre, que contará con 6,5 millones de euros este año. De este modo, se permitirá llegar a aquellas familias que tienen un alquiler mensual por debajo de los 900 euros y unos ingresos familiares inferiores a 22.300 euros. En total, se espera llegar a unas 3.300 familias, según ha informado Pons.
Desde Territorio han contrastado que en el año 2015 se llegaron a "poco más de 700 familias", lo supone ahora "multiplicar casi por cinco las familias beneficiarias".
Como novedad, también se ha incorporado una bolsa de ayudas a personas en situación de desahucio con una partida de 144.000 euros para este 2018 que les permitiría pagar el alquiler.
En este caso, se creará un Fondo de Vivienda Social al que las entidades financieras y los particulares, siempre voluntariamente, aportarán viviendas vacías y en condiciones de ser usadas de manera inmediata, para ser destinadas a viviendas de alquiler social para los desahuciados por alquiler o ejecutados hipotecarios.
Los contratos de alquiler serán de 400 euros mensuales como máximo y por un tiempo de tres años. Además, se dará una ayuda de 400 euros al mes a los beneficiarios, que la destinarán al pago del alquiler. El dinero aportado serán un 80 por ciento a cargo del Ministerio y un 20 por ciento a cargo de la Comunidad.
Además, Pons ha resaltado que se pondrá en marcha una ayuda destinada a menores de 35 años que quieran adquirir una primera vivienda. En este caso, el Gobierno central ha exigido que solo cuenten con esta subvención "los ayuntamientos inferiores a 5.000 habitantes y con un coste por debajo de los 100.000 euros"; como por ejemplo, las localidades de Llubí, Ses Salines o Banyalbufar.
"Desde el Govern nos ajustamos a los criterios que marca el Gobierno central, pero creemos que vale la pena incorporar esta ayuda", ha valorado el conseller.
Entre otras líneas para el 2018, se han destacado las de rehabilitación de las zonas urbanas con un presupuesto de 500.000 euros o los 9 millones de euros para el fomento de la construcción de nueva vivienda pública.
Por último, Pons ha informado que ya se ha elevado al Ministerio la propuesta de gestión de los fondos y que se ha pedido al Gobierno de Rajoy que convoque cuanto antes la firma del convenio para poder hacer públicas las distintas líneas de ayuda.
