Así lo ha dicho el secretario general de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en Baleares, Andreu Bou, que ha detallado que hasta ahora se podía elegir a que tribunal o juzgado se quería ir como destino pero "con la modificación" del artículo 521 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "el centro de destino pasará a ser solo uno", por ejemplo Palma.
De esta forma, un funcionario destinado a un juzgado de instrucción podría ser asignado a otro civil, contencioso o penal. "El poder político quiere que la justicia sea débil, inoperativa e ineficaz", ha manifestado Bou.
Respecto a la huelga general convocada para este mismo viernes, Bou ha calificado los servicios mínimos de "completamente abusivos" y ha recalcado que los han recurrido. De los datos del seguimiento, ha señalado que informarán posteriormente.
Por su lado, la delegada sindical de CCOO, Pilar Claro, ha censurado que este mes se está tramitando en el Senado la proposición de ley de reforma de la LOPJ que permitirá la unificación, habiéndose saltado "la negociación previa" con las centrales sindicales.
Ante los medios, Claro ha dicho que esta reforma que se está tramitando por la vía urgente se les vendió para "devolver los derechos perdidos" durante la crisis pero, en realidad, supone una "conculcación de derechos, un ataque" a los trabajadores.
Según destacan ambos sindicatos, en la práctica, la administración podrá determinar "a su antojo" cuál será, dentro del municipio, el puesto de trabajo de cada funcionario en cada momento, "al tiempo que se reducirá drásticamente el nombramiento de personal interino, dejando puestos sin cubrir y sobrecargando de trabajo al resto".
