Este acuerdo supone que la norma balear, en unos casos se interpretará conforme a la Constitución Española (CE), y en otros se modificará, de forma que no será necesaria la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo.
Dicho acuerdo ha sido formalizado este viernes por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons.
Tal como se ha explicado desde el Ejecutivo central, este procedimiento permite, entre otras cosas, iniciar negociaciones con el gobierno autonómico que promulga la ley para alcanzar un acuerdo que asegure que los preceptos que generan controversia se interpreten de acuerdo a la norma constitucional o, en su caso, se modifiquen para adecuarse a la jurispudencia del Tribunal Constitucional.
En la mayor parte, se trataba de discrepancias competenciales, al apreciarse que la norma balear invadía competencias del Estado en materia de fijación de justiprecios, funciones de notarios y registradores, ciertas materias relacionadas con la prestación de servicios sociales, o el establecimiento de las tarifas sobre derechos de alta del suministro de gas, y los derechos de alta y acometida. Ahora, el acuerdo alcanzado se insertará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).
Ante los medios de comunicación, el conseller ha explicado que "Baleares era la única comunidad que no tenia ley de vivienda" y, sin embargo, es una comunidad "con grandes problemas" en esta materia.
Según ha remarcado, desde el inicio de la legislatura tenían "clarísimo" la necesidad de abordar "la problemática de la vivienda" para que "se inicie una trayectoria que no tenga vuelta atrás" y "para ello era necesario establecer un marco jurídico muy claro y conciso donde el ciudadano estuviera en el centro".
Pons ha explicado que ahora "no hay sombras de duda sobre la ley" y esta es "de total aplicación, salvo algunas pequeñas modificaciones que no tienen consecuencia en profundidad". "Son cuestiones más de matiz", ha agregado.
Así, ha considerado que es "un buen acuerdo" y ha puesto en valor "la disponibilidad y el talante del Gobierno de Pedro Sánchez", que tal como ha dicho, "ha facilitado el acuerdo que con otro gobierno no hubiera sido posible".
De esta manera, ha remarcado que con estas "pequeñas modificaciones" queda "resuelta la cuestión de constitucionalidad". "No hay preocupación alguna respecto a un futuro cambio de gobierno, el siguiente trabajo es seguir desarrollando esta ley", ha dicho.
Respecto de la cesión obligatoria de los grandes tenedores, se reafirma esta medida, que ha permitido que se hayan inscrito ya 1.039 viviendas en el Registro de pisos desocupados de Baleares.
En estos momentos, se está avanzando en la revisión del estado de estos pisos para poder incorporarlos a la bolsa de alquiler social.
Así, se debe introducir un cambio relativo a la compensación económica que deben recibir los grandes tenedores por la cesión. Siguiendo el criterio del Estado durante los meses de trabajo de la comisión bilateral, se deberá determinar un "justiprecio" expropiatorio por parte de la junta provincial de expropiaciones y no con el criterio que fijaba la ley, que era el establecimiento de precios máximos ligados a los precios de vivienda de protección oficial (VPO).
Por lo tanto, se eliminará de la ley la referencia a precio máximo de la compensación a los grandes tenedores y se establecerá que la compensación queda sometida a la normativa estatal de expropiación forzosa.
En otro orden, se eliminan las obligaciones impuestas a notarios y registradores. En este caso, había una discrepancia competencial. Según el Estado, una normativa autonómica no puede regular estas obligaciones. Por lo tanto, se modificará la ley para eliminar las referencias de deber de colaboración y la sanción aparejada, así como la relativa a la exigencia del depósito de fianza para elevar un alquiler a escritura pública e inscripción.
En función del acuerdo también se coincide en que las medidas que incluye la ley sobre los temas de pobreza energética y garantía de suministro se pueden hacer por competencia exclusiva de la Comunidad en materia social y siempre de acuerdo con las normas estatales.
