Según informan fuentes jurídicas, Ancira, detenido en virtud de una orden emitida por México a Interpol, ha prestado declaración ante Pedraz por videoconferencia y se ha negado a ser extraditado, por lo que el juez ha acordado que ingrese en prisión en tanto se realizan los trámites, por los que la justicia mexicana tiene ahora cuarenta días para formalizar la solicitud de entrega y presentar la documentación que avala la reclamación.
La investigación corre a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicanas, quienes promovieron la orden de detención en relación a transferencias de fondos desde AHMSA bajo sospecha de proceder de delitos de corrupción.
En declaraciones a los medios de comunicación en Palma, su abogado, Ismael Oliver, ha dicho que Ancira Elizondo se ha negado a ser extraditado hasta que "llegue la documentación extradicional para poderse defenderse". Además, ha señalado que el auto "deja abierta la posibilidad de que se decrete libertad en los próximos días o semanas".
Asimismo, ha dicho que una vez que vaya a un centro penitenciario en Madrid "volverá a pedir la libertad", acreditando el arraigo y que no hay posibilidad de riesgo de fuga.
Según ha remarcado, hay "una cosa elemental: se le acusa de una cosa que no ha ocurrido". "No es que sea discutible, se le acusa de lavar dinero por una compraventa de un condominio y no ha comprado nada en los últimos 15 años", ha dicho para luego avanzar que lo acreditarán "para mayor tranquilidad del juzgado de instrucción pero el tema es que no lo ha hecho".
El abogado también ha resaltado que su cliente es víctima de una "especie de vendetta" que no tiene "nada que ver" con un "tema judicial" y que los argumentos que han sido expuestos para pedir prisión preventiva son "casi un insulto".
Oliver ha detallado que se acusa a Ancira Elizondo de blanqueo de capitales por unos hechos ocurridos en 2014 en relación a la compraventa de una petroquímica.
Tal como ha dicho, "se le acusa de que con el dinero obtenido por esa compraventa, compró viviendas o condominios en México" pero, según ha detallado, "él es el presidente del consejo y no tiene poder ejecutivo; no puede firmar cheques ni transferencias".
El arresto se ha producido en Mallorca por parte de agentes de la Interpol a partir de una investigación de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicanas.
