Asimismo, estas entidades, entre las que se encuentra Palma XXI, ARCA, el GOB y Terraferida, han pedido a la Autoridad Portuaria que controle diariamente y publique "los impactos medioambientales de los cruceros en consumo de agua, electricidad y contaminación de aire y agua".
También han exigido a la Autoridad Portuaria "la transparencia fiscal y laboral de todas las empresas de cruceros que visiten la ciudad" y han defendido "el aumento del Impuesto del Turismo Sostenible que pagan los cruceristas hasta los cinco euros" para compensar "los gastos que genera el impacto de estas excursiones masivas".
Del mismo modo, el manifiesto incluye la realización de "las gestiones pertinentes para declarar como zona ECA (Área de Control de Emisiones) el Mediterráneo, como ya se ha hecho en el Mar del Norte y en el Báltico.
"El turismo de megacruceros en Palma ha aumentado de forma insostenible y no deseable para nuestra ciudad, provocando un grave impacto medioambiental y territorial, así como crecientes protestas sociales", ha lamentado el presidente de Palma XXI, Jaume Garau.
