En un escrito que firma el fiscal de Madrid Tomás Herranz, la Fiscalía solicita que se eleve la causa al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, dado que Penalva y Subirán gozan de la condición de aforados.
El fiscal Herranz considera que "concurren indicios de la posible comisión de distintos delitos" por parte del juez y el fiscal del 'caso Cursach' en el ejercicio de sus funciones.
Los indicios se basan, fundamentalmente, en los chats de un grupo de 'whatsapp' en el que participaban tres de los cuatro policías nacionales imputados en la pieza -antiguos integrantes de la Unidad de Blanqueo de Capitales- así como el fiscal y el juez. Estos mensajes fueron hallados en el teléfono móvil de uno de los agentes, incautado cuando fue detenido en diciembre.
La Fiscalía considera que de estos mensajes se desprende la posible comisión de un delito de prevaricación. Apunta que el fiscal y el juez pudieron generar de manera "deliberada e injustificada", circunstancias para poder acordar una medida cautelar de prisión contra imputados en la macrocausa de corrupción policial, "y no para avanzar en el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación".
Tras analizar los chats, el fiscal Herranz también aprecia indicios de una posible revelación de secretos y obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional a raíz de las informaciones periodísticas publicadas sobre la causa, que estuvo largo tiempo bajo secreto.
Manuel Penalva, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, fue apartado del 'caso Cursach' en marzo de 2018 a raíz de un incidente de recusación promovido por las defensas. Fue sustituido por el magistrado Miguel Florit. En julio, tras una denuncia del exdirector general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, el nuevo instructor abrió diligencias por una posible revelación de secretos.
En esas diligencias, Florit ordenó obtener los listados de llamadas de dos redactores de Europa Press y Diario de Mallorca e incautarse de sus teléfonos móviles. Los periodistas se querellaron contra el magistrado y se abrió una investigación. Recientemente, el TSJIB dictó el pase a procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral.
Uno de los agentes investigados planteó recusar a Florit por entender que estaría contaminado por la causa de los periodistas, y esto ha llevado a que Florit se aparte temporalmente del caso, que recayó en el titular de Instrucción número 7, quien también se abstuvo. De este modo, la causa en la que se enmarca el informe se encuentra actualmente sin juez y paralizada.
Pero antes de apartarse, el juez Florit dio cuenta al TSJIB del informe policial que incluía a Penalva y Subirán y les imputaba presuntos delitos de integración en grupo criminal, revelación de secretos, amenazas y coacciones a testigos, denuncia falsa, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, detención ilegal, alteración de pruebas e inducción al falso testimonio.
Sin embargo, el TSJIB devolvió el caso al Juzgado considerando que el auto remitido por Florit no reunía los requisitos necesarios. Indicó que el juez no debió atender "automáticamente" la petición de elevación, y le recordó que debía redactar una exposición razonada y dar traslado a todas las partes.
