El Ayuntamiento de Palma ha informado del fallo en una nota de prensa en la que califica de "fracaso" el sistema de recogida neumática del casco histórico implantado en 2002, que dejó de funcionar en 2012, pese a que estaba previsto que durase 30 años.
Palma decidió dejar de utilizar el sistema, que contaba con conducciones de 12 kilómetros, porque estaba provocando constantes averías y reparaciones, cuyo coste fue creciendo. En 2014, la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma (Emaya) informó de que el sistema era irrecuperable, según los informes periciales, que detectaron patologías graves en la red derivadas de defectos de diseño y construcción.
En 2013, todos los grupos municipales acordaron iniciar un proceso judicial por el que Emaya reclamó a las concesionarias de las obras una indemnización por la inutilización de la infraestructura. Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento y condenaron a la UTE al pago, pero como la resolución fue recurrida, el consistorio no podía disponer del dinero.
Al tratarse ahora de una sentencia firme, Emaya podrá hacer uso de estos fondos, que el equipo de gobierno municipal prevé destinar a la mejora de la red de agua potable y de saneamiento. Según Cort, estas cantidades podrán contribuir reducir los vertidos de aguas residuales en playas y aguas de la bahía.
La desestimación de los recursos de la UTE se ha conocido durante la celebración del primer consejo de administración de Emaya de esta legislatura, en la que se ha nombrado a Sonia Moragues como nueva gerente de la empresa pública, en sustitución de Imma Mayol.
Además, se ha formalizado la aceptación de los cargos de los nuevos consejeros. A partir de ahora, el organismo estará formado por Ramon Perpiñán como presidente, Francesc J. Dalmau como vicepresidente, Mercedes Celeste en representación del PP, José Villanueva de Vox, Eva Pomar de Cs, Rodrigo A. Romero de Podemos y Neus Truyol de MÉS.
