Según han concretado desde el cuerpo policial en una nota de prensa, desde dicha Unidad se efectúan barridos informáticos para detectar casos en los cuales la autorización tendría que haber sido devueltas.
En este sentido, la normativa que regula el otorgamiento de tarjetas para personas con movilidad reducida prevé, por un lado, las normas de funcionamiento y, por otro, los casos en los cuales éstas tienen que ser devueltas a la Administración.
En consecuencia de la campaña, se están tramitando 36 expedientes sancionadores que, una vez finalizados, pueden comportar la pérdida de la autorización y sanciones económicas que oscilan entre los 300 y los 6.000 euros atendida la gravedad de la infracción cometida.
En términos más específicos, las causas son siete por utilizarlas en ausencia del titular, seis por uso de fotocopias, tres por estar caducada y no devolverla, cinco por haberla duplicado de forma fraudulenta y, finalmente, 15 por tener la autorización de un titular fallecido y no devolverla.
En 2016 se tramitaron nueve expedientes, en 2017 fueron 33, en 2018, 26 y hasta julio de este año, 36, la mayor cifra hasta el momento.
