En una rueda de prensa en la que ha sido arropada por parte del equipo del gobierno municipal, Truyol ha vuelto a defender --tras la lectura del sumario del caso-- su gestión a cargo de este organismo público y ha detallado las actuaciones que se realizaron para intentar solucionar el problema de los vertidos.
Así, ha destacado los cierres preventivos de playas cuando se produjeron vertidos, la presión realizada al Gobierno central para construir la nueva depuradora del Coll d'en Rabassa y la inversión de 35 millones de euros del canon de saneamiento.
En concreto, ha explicado que desde el inicio de la legislatura pasada, en 2015, empezaron a presionar al Ejecutivo central para la renovación de la depuradora del Coll construida en 1974, y que, por su lado, invirtieron más de tres millones de euros para la compra de los terrenos para su construcción. "Le toca al Estado hacer la inversión y la licitación", ha dicho para luego señalar que en la actualidad se está llevando a cabo la redacción del anteproyecto de alternativas de la depuradora. Además, ha avanzado que el alcalde, José Hila, tiene previsto reunirse el 16 de septiembre con el ministerio competente para tratar este asunto.
Respecto al canon de saneamiento, ha reivindicado que durante su mandato (2015-2019) se invirtieron los 35 millones mencionados y ha asegurado que, sin embargo, en la legislatura anterior (2011-2015), en la que gobernaba el PP, "se invirtieron cero euros". También ha dicho que entre 2001 y 2014 se invirtieron 29 millones.
Sobre el canon, ha concretado también que los principales proyectos de este canon son un colector y un tanque de laminación, cuyas obras ya están en marcha.
Según ha remarcado la actual regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda y Sostenibilidad del Ajuntament durante su periodo a cargo de Emaya se actuó de manera "responsable y diligente" ante esta problemática, "no solo intentando solucionarla sino haciéndola visible".
"La situación actual proviene de un déficit histórico por parte de las tres administraciones responsables, que son el Estado, el Govern y el Ayuntamiento, a través de Emaya, pero desde 2015 se ha estado trabajando para que todas se impliquen", ha dicho.
Además, ha recordado que en la investigación solo se habla de un delito ambiental, no de malversación de fondos.
Por otra parte, Truyol ha explicitado que no ha sido citada a declarar ante el juez y ha dicho que no tiene ninguna notificación de que esté investigada. Además, ha señalado que acudió cuando la llamó la Guardia Civil pero que en esa ocasión manifestó su voluntad de declarar en instancias judiciales.
En la rueda de prensa, también ha intervenido el portavoz del gobierno municipal, Alberto Jarabo, que ha manifestado que de la lectura del sumario se extrae que "la dirección anterior de Emaya no cometió ninguna irregularidad" sino que veló "desde el minuto uno por el medio ambiente y la seguridad de la ciudadanía". "Tenemos la tranquilidad que se actuó consiguiendo iniciar el proyecto que supondrá la solución del problema", ha destacado.
