La Fiscalía pide para los 12 acusados penas que suman 93 años de cárcel y cinco meses de prisión, y multas que conjuntamente alcanzan los 11,6 millones de euros, por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
La acusación pública sostiene en su escrito que el grupo se dedicaba a la venta de cocaína principalmente en Palma, y describe el rol que desempeñaba cada uno de los integrantes. Así, acusa a la hija de 'La Paca' de dirigir la el aprovisionamiento, almacenaje y distribución de la droga y de los beneficios, junto a su pareja sentimental, un joven exteniente del Ejército.
Según la Fiscalía, ambos contaban con personal subordinado para realizar labores de contacto con compradores, alquilar trasteros para almacenar la cocaína, conseguir teléfonos móviles desechables para el grupo y esconder y transportar dinero.
Sin embargo, el funcionamiento del grupo se alteró cuando 'La Guapi' ingresó en prisión en septiembre de 2017. El Ministerio Fiscal sostiene que siguió liderando la organización desde la cárcel y que los implicados acudían a prisión para recibir instrucciones, y que 'El Ico' y su mujer adoptaron "un rol mucho más activo".
Según el fiscal, los acusados "utilizaban a sus familiares más cercanos" para realizar labores vinculadas al negocio de la droga.
En un registro en Granada -ciudad donde presuntamente el hermano del exmilitar investigado había ofrecido domicilios para esconder dinero del narcotráfico- se encontró una pistola semiautomática modificada, por lo que al teniente se le imputa un delito de tenencia ilegal de armas.
La Fiscalía pide para la mayoría de los acusados siete años y nueve meses de prisión; además, para la pareja de 'La Guapi' pide otros dos años de cárcel por tenencia ilícita de armas. Igualmente, la mayor de las penas es para una acusada reincidente (se piden nueve años y nueve meses), la pareja de 'El Ico'; mientras que para otra mujer se solicitan cuatro años y dos meses, aplicando una eximente incompleta por alteración psíquica.
