Guasp ha calificado de "verdaderamente graves" las "supuestas injerencias" sobre la Abogacía del Estado que impiden que "pueda trabajar en libertad y con independencia técnica". A esto, ha añadido, se le suma que "presuntamente" ha habido una filtración del contenido del informe de la Abogacía del Estado en lo referente "a Junqueras por parte del Gobierno a los miembros de ERC que están negociando con Adriana Lastra la investidura de Sánchez".
En este sentido, Guasp ha exigido "responsabilidad y altura de miras" al partido socialista. "Nos preocupa que el Sanchismo no tenga escrúpulos ni siquiera para intentar no ensuciar la honestidad y la credibilidad de los abogados del Estado".
La diputada ha criticado "lo que está haciendo Sánchez y su Gobierno con las instituciones": "Las tiene al servicio de su tacticismo partidista. Sánchez que se ha plegado a las peticiones de los secesionistas y supremacistas a cambio de su investidura".
Guasp ha señalado que "todo esto responde a los intereses personales de Sánchez de ser investido gracias a ERC, puesto que los nacionalistas ya se habían apresurado a anunciar que permitirán la investidura tras conocer el contenido del informe cuando las negociaciones estaban en 'stand by'".
La diputada también considera que "Sánchez se ha cargado el principio de separación de poderes", "pilar de la democracia, el sistema judicial y el Estado de Derecho, garante de los derechos y libertades de todos".
Ante esto, ha advertido de que "el informe de la Abogacía del Estado tiene más relevancia política que jurídica y que el Tribunal Supremo será el que tenga la última palabra". También ha expresado que "el informe debería haber ido alineado con las alegaciones de la Fiscalía, ya que la condena firme a Junqueras supera la inmunidad como europarlamentario y le inhabilita para ejercer cargo público".
Ante estos hechos, Guasp ha afirmado que como ya ha explicado su diputado nacional y exabogado del Estado, Edmundo Bal, "se está estudiando una posible denuncia ante los tribunales por el hecho gravísimo de filtrar el contenido del informe".
Así, asegura que "en caso de haber sido así, se han saltado la obligación de sigilo y de custodia de expediente administrativo". La diputada ha recordado que "la Abogacía del Estado es parte acusadora también en esta causa y resulta cuanto menos extraño que le pase supuestamente información a los acusados".
