Según ha informado la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes este sábado en una nota de prensa, Santiago ha enviado una carta esta semana al vicepresidente Iglesias y otra al ministro Escrivá para solicitar una reunión bilateral para tratar todas aquellas cuestiones que afectan a las competencias de las dos carteras ministeriales. La consellera ha especificado en la misiva que no tiene nada que decir si los encuentros son telemáticos.
En la carta que ha remitido a Iglesias, Santiago ha propuesto que, más allá de las cuestiones derivadas por la crisis de la COVID-19, se trate la modificación del decreto que marca como se tiene que hacer la valoración de discapacidad para unificar criterios con la de dependencia.
Santiago ha dedicado un apartado a las cuestiones relacionadas con la dependencia, en el que ha destacado su petición de que se recupere la financiación mediante el nivel acordado que fijaba que la cantidad aportada por el Estado tenía que ser igual al de la comunidad y que suspendió el Gobierno de Rajoy en 2012.
Además, ha considerado "oportuno" que se modifique el decreto que regula las prestaciones de Dependencia y que se revise la ley para que la prestación económica del asistente personal se pueda ofrecer también como servicio.
Con todo, dentro de este apartado, Santiago también ha propuesto modificar la regulación del Programa Individual de Atención (PIA) para que pueda compatibilizar diferentes prestaciones al entorno, las cuales favorezcan la permanencia de las personas con dependencia en su domicilio, y el plan de equipamientos cofinanciados.
Por otro lado, con motivo de que la vicepresidencia de Derechos Sociales cuenta con las competencias de infancia y adolescencia, la consellera ha propuesto que se abra el debate sobre la necesidad de revisar la ley de responsabilidad penal del menor para modificar o no el tramo de edad en que se puede estar en un centro socioeducativo.
Asimismo, Santiago ha considerado que se tiene que poner sobre la mesa la regulación de los MENAs, opinando que se les han de ofrecer alternativas de protección adaptadas y diferenciadas del resto de situaciones habituales. Además, ha añadido que para facilitar la integración de estos menores, ve "óptimo" que a los 18 años no solo reciban el permiso de residencia sino también el de trabajo.
En esta línea, ha explicado, para los jóvenes es "muy difícil" lograr un primer contrato laboral de un año completo que es la condición que se exige a los MENAs para poder acceder al mundo laboral y tener un permiso de trabajo.
Finalmente, Santiago ha solicitado a Iglesias que se reflexione sobre los indicadores de distribución del presupuesto asignado cada año en el plan de prestaciones básicas y que se actualicen los datos.
En cuanto a la carta enviada al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Santiago ha aprovechado la misma para explicar a Escrivá que ahora que ya es una realidad el Ingreso Mínimo Vital, más allá de hablar acerca de su implementación y de la colaboración interinstitucional, también querría tratar con él la necesidad de recuperar el nivel de financiación para la gestión de las pensiones no contributivas (PNC) que los últimos años se ha reducido "de manera notable".
Concretamente, ha hecho hincapié la consellera, Balears ha pasado de percibir 380.000 euros al año a 3.800 euros, "sin ningún tipo de justificación".
En este apartado, además, Santiago ha propuesto que se excluyan las rentas sociales y las rentas mínimas del cómputo de rentas e ingresos a efectos de determinar el derecho a la PNC.
Finalmente, de acuerdo con las competencias de migraciones que tiene el ministerio de Escrivá, Santiago también le ha solicitado, como ha hecho a Iglesias, que se facilite el permiso de trabajo a los MENAs cuando cumplan los 18 años.
