Según ha informado el PP este lunes en nota de prensa, con esta PNL se pretende expresar el rechazo al acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acerca de la cesión de remanentes; así como instar a los Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso a derogar el Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, al considerar que es "totalmente injusta la confiscación de los recursos de los ahorros de los ayuntamientos de las Islas".
En este sentido, la iniciativa del PP insta al Gobierno a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos y a flexibilizar la regla de gasto y el resto de las contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que los ayuntamientos puedan disponer del 100% del remanente de tesorería generado en 2019 para actuar contra los negativos efectos derivados de la pandemia de la COVID-19.
De este modo, han considerado los 'populares', el superávit de los municipios se podrá destinar a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación del Plan Económico Financiero (PEE) para los supuestos de incumplimiento por uso de remanente de tesorería para Gastos Generales (RTGG).
Además, han exigido al Ejecutivo que abone "de forma inmediata" las cantidades que se deben a entidades locales correspondientes al IVA del mes de diciembre de 2017, así como la creación de un fondo de 5.000 millones de euros en ayudas directas e incondicionadas a las entidades locales y de fondos específicos por valor de más de 1.000 millones.
El fin de estas peticiones, han apuntado desde el PP, es compensar el déficit en servicios de transporte público y cubrir el coste de colaboración de las entidades locales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Para la formación, los mencionados fondos tienen que ser independientes y no estar vinculados a la cesión de remanentes.
Asimismo, la PNL registrada por el Grupo Popular insta al Gobierno central a transferir una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las entidades locales para poder compensar el impacto de la COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios.
Finalmente, insta al Ejecutivo central a prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar inversiones financieramente sostenibles, financiadas con cargo al superávit del 2018 o 2019, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no finalicen en el 2020.
