Así lo ha expresado la ministra a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Rota (Cádiz) en la que ha querido defender las "ventajas" de dicho acuerdo con la FEMP, subrayando que "es la primera vez desde la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad que el Gobierno pone encima de la mesa una solución a un problema de utilización de los remanentes que no tiene capacidad de poder ejecutarse por límite constitucional" y de la citada ley orgánica.
La ministra ha incidido en que, con esta propuesta, el Gobierno, por una parte, "establece que los ayuntamientos no estarán sujetos a las normas fiscales que en este momento quedarían suspendidas, fundamentalmente la regla de gasto para 2020", y autoriza a los consistorios a que "puedan utilizar su remanente hasta el límite que les proporciona el déficit".
Además de eso, según ha continuado la titular de Hacienda, "el convenio pone en marcha un procedimiento para aliviar la carga financiera de ayuntamientos en quiebra o en dificultades económicas con la posibilidad de reestructuración de su deuda, a través de diferentes mecanismos".
Asimismo, el Gobierno de España "pone a disposición de todos los ayuntamientos un fondo para el transporte, para compensar la caída de viajeros con motivo de la pandemia" del coronavirus y, "por tanto, el mantenimiento de las líneas de transporte por un importe máximo de 400 millones de euros", según ha resaltado.
De igual modo, el convenio "también establece la posibilidad de que los ayuntamientos que tengan remanente positivo de tesorería, que son la gran parte" en España, "puedan por una parte recibir un dinero a fondo perdido que consiste en la puesta a disposición de 5.000 millones de euros en dos años", mientras que los consistorios, por su parte, "tienen que poner a disposición del Gobierno los remanentes para un préstamo que será devuelto íntegramente en el plazo de diez años o superior si a los ayuntamientos les interesa ampliar ese tiempo".
Se trata de algo "voluntario" para los ayuntamientos, según ha remarcado la ministra, de forma que "aquel que no quiera poner los remanentes a disposición" del Gobierno, "no lo pondrá", ha confirmado Montero, para quien, por ello, "no se entienden las críticas que se están planteando por algunos grupos" políticos en relación a este acuerdo.
Ha admitido, no obstante, que "la solución que ha dado el Gobierno de España es compleja porque la pregunta no tenía una solución fácil", y "el problema más importante que nos encontramos es el limitante que plantea el artículo constitucional que dice que los ayuntamientos no pueden incurrir en déficit", pero ha insistido en que "lo que hace el Gobierno es quedarse con el déficit de los ayuntamientos a través de una propuesta que permite inyectar en nuestros pueblos y ciudades 5.000 millones de euros en dos años".
Montero ha comentado que "no se entienden algunas críticas" por parte del PP, desde donde llegan a "hablar de confiscación de los ahorros de los ayuntamientos cuando se trata de un préstamo que el Gobierno de España no necesita" porque cuenta con una "magnífica situación en los mercados", y, es más, "el hecho de tener que suscribir esos préstamos con los ayuntamientos incorpora un incremento de nuestra carga administrativa", según ha abundado la ministra de Hacienda antes de apostillar que "hemos buscado la única solución posible que permitiera, a juicio de los abogados del Estado, que los ayuntamientos pudieran gastar ese superávit".
A la pregunta de si el Gobierno tiene un "plan b" para el caso de que el Congreso no convalide el decreto que recoge este acuerdo, ha respondido que quienes deben tener dicho plan son aquellos que "no quieren que el convenio salga" adelante, y ha insistido en que el Ejecutivo "ha hecho todo lo posible por intentar hacer algo" sobre lo que "hasta la fecha el PP no había intentado hacer nada".
Por eso, la ministra de Hacienda ha dicho que le "sorprenden" las "críticas exacerbadas de los alcaldes del PP", cuando desde 2011, con la aprobación de la Ley de Estabilidad, "esos remanentes estaban sin tocar" y "no se había habilitado ningún procedimiento para hacerlo posible porque se encontraba con el limitante constitucional".
"Ahora que el Gobierno de España mueve ficha, se hace cargo del sentir de los ayuntamientos, intenta responder a la expectativa que tienen los alcaldes, parece poco de recibo que lo que se reciban sean críticas por la acción sin haber recibido ninguna contraalternativa", según ha apuntado Montero, quien en esa línea ha advertido de que, "durante la tramitación de este documento en la FEMP, los grupos políticos no han hecho ninguna propuesta, por lo que no se ha podido modificar ese convenio".
Tras insistir en que "parece poco adecuado" que, ahora que el Congreso debe convalidar el acuerdo "es cuando empiecen a plantearse problemas por parte de los partidos políticos que hasta la fecha no han dado ninguna alternativa", Montero ha aseverado que "este convenio le cuesta al Gobierno de España 5.400 millones de euros, además de la parte correspondiente de la eliminación de la regla de gasto o la de la incorporación de las inversiones financieramente sostenibles que van a poder seguir ejecutándose en 2020, o la parte de la utilización de remanentes sin incurrir en déficit, que también se autoriza".
Ha subrayado que "el ayuntamiento se puede quedar con todas esas ventajas y no poner los remanentes a disposición porque entiendan que no corresponde y, en ese caso, no recibirían la parte correspondiente de los 5.000 millones, sino que podrían utilizar el dinero hasta el límite de la regla de gasto, de la regla de déficit o incluso poner en marcha inversiones financieramente sostenibles".
Montero ha defendido también que este acuerdo surge "desde el diálogo con la FEMP, que es la legítima representante de los intereses de los ayuntamientos", y "si ahora el Congreso no quiere darle formalidad al acuerdo, corresponderá a los grupos políticos tener que explicarlo", según ha agregado antes de expresar que "sería una pena que los ayuntamientos se queden sin la posibilidad de utilizar sus remanentes y, sobre todo, relajar sus reglas fiscales", porque "si este convenio no se aprueba, los ayuntamientos siguen sujetos a las reglas fiscales que en este momento encorsetan" a los consistorios, según ha zanjado.
