Estaràs alerta de que “en los últimos años, algunos países de la UE como España han sufrido un aumento del número de propiedades privadas ocupadas ilegalmente”. El número de ocupaciones ilegales en España ascendió a 12.214 en 2018, una cifra que ha ido en aumento desde el 2015.
Estos actos crean un estado de alarma y temor entre los ciudadanos españoles, generan inestabilidad social, económica y jurídica.”
Esta evolución ha puesto en jaque al sistema jurídico, ante esta flagrante violación del artículo 33 de la Constitución que garantiza el derecho a la propiedad privada.
En su pregunta, Estaràs indica que “el artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también recoge el derecho a la propiedad”.
En ese sentido, denuncia que, en España, ante la inactividad del Gobierno, “los “okupas” acaban teniendo más derechos que los propietarios”. Por eso pide que “un inmueble ocupado ilegalmente no tenga la consideración de domicilio y por lo tanto que los ocupantes ilegales no puedan gozar de la misma protección de la que goza quien compra o alquila una vivienda de manera legal”.
Estaràs considera que es necesario dotar a la autoridad pública o sus agentes de la potestad para desalojar con agilidad, en un plazo de entre 12 y 24 horas, las viviendas ocupadas ilegalmente, sin necesidad de esperar meses o incluso años.
Preocupada por el problema de la vivienda para muchas personas en riesgo de vulnerabilidad social, la eurodiputada popular avisa de que “la crisis de COVID19 ha agravado la inseguridad de la vivienda, el sobreendeudamiento, el riesgo de desalojo y la falta de vivienda y también ha agravado el riesgo de ocupación ilegal por parte de okupas”.
Por todas estas razones, Estaràs ha solicitado el amparo de la Comisión Europea para abordar e investigar la ocupación ilegal, a menudo dirigida por mafias que operan dentro de la Unión Europea.
