Durante los últimos seis meses el entorno económico mundial está en guerra contra una pandemia que dista mucho de tener soluciones sanitarias a corto plazo en España. Mientras esto ocurre, el Estado español da apariencia de estar ciego, tomando medidas económicas a corto plazo, que, más que ayudar a los reales generadores de empleo -pequeñas y medias empresas-, está llevando a cabo una mera política de subvenciones -a través del subsidio de desempleo y la exoneración de cuotas a la seguridad social- que incentivan a que las empresas no incorporen sus trabajadores a sus puestos y no haya más que una mínima actividad económica.
Hay que dar un paso hacia atrás para tener una mejor visión de la situación en que nos encontramos. El pasado día 29 de septiembre, la Ministra de Trabajo llevó al Consejo de Ministros el acuerdo logrado con los representantes sindicales y la patronal, firmado esa misma mañana -en el tiempo de descuento- que entraría en vigor al día siguiente, con su publicación en el BOE, y con efectos reales a partir del día primero de octubre. La inseguridad jurídica que ello genera a todos los operadores que actuamos en el ámbito laboral –empresas, trabajadores, abogados, asesores, etc.– no es de recibo. No nos lo merecemos cuando, además, esto no viene de nuevas: la situación con la que convivimos se inició a mediados de marzo y el cortoplacismo –sucesivas prórrogas de tres en tres meses– de estas medidas sólo genera dudas, incertezas y desazón a todos. El peor mensaje para la generación de empleo y recuperación económica.
Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que las supuestas medidas a adoptar que se iban filtrando a los medios de comunicación no han coincidido finalmente con lo que realmente se ha plasmado en papel. ¿Por qué no se hacen las cosas bien? ¿Por qué no se toma medidas a más largo plazo?
Haré a continuación un breve resumen de la situación en que quedan los ERTES a partir del 1 de octubre.
¿Mantienen los ERTEs las exoneraciones? No. Salvo mejor interpretación de la Seguridad Social, los expedientes de regulación de empleo aprobados, en vigor y prorrogados hasta el 31 de enero de 2021, pierden las exoneraciones de que venían beneficiándose hasta el 30 de septiembre.
Se crea una nueva figura de ERTE Fuerza Mayor, que, si se quiere mantener algún tipo de exoneración, sustituye a los ERTEs que las empresas y trabajadores venían disfrutando hasta el 30 de septiembre pasado. Este nuevo ERTE se desdobla en dos ERTEs, bien por impedimento, bien por limitaciones de actividad. Los mismos sí tendrán derecho a una exoneración en el pago de cuotas a la Seguridad Social, que para el mes de octubre puede ser del 100% de la parte del salario del trabajador que no ha trabajado. Dicha exoneración del 100% se verá reducida en un 10% cada mes hasta llegar al mes de enero de 2021. Pero ¿Para cuándo una exoneración del 100% para el trabajador recuperado (sacado del ERTE) y trabajando?
Las empresas, antes del 19 de octubre, a través de sus asesores laborales o abogados de empresas tendrán que rellenar una comunicación de ERTE, indicando la situación que se encuentra la empresa ERTE, por Fuerza Mayor (FM), por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP), de limitación, de impedimento, DR, R S, W XML, DAE, AL, ITSS, TGSS, SEPE, más un sinfín de tramites más. Todo ello, y después de haber leído el ANEXO de las actividades de CNAE – 09, que, entre otras, incluye sectores tan importantes para la economía como el transporte espacial y el alquiler de cintas de video y disco. Me viene a la memoria la película Las doce pruebas de Astérix, vista más de una vez en formato VHS durante mi infancia.
Todo indica que la salud sanitaria se corregirá implantando y/o copiando a otros países, los cuales ya NO tienen nuestros actuales altos niveles de contagio. Pero entiendo que la salud económica podría ir restableciéndose sin que se esté solventando la crisis sanitaria, si bien para ello se hace imprescindible la generación de estímulos a la empresa para que le sea más barato recuperar a un trabajador en ERTE que dejarlo en dicha situación o mandarlo al paro. Esta política también bonificaría a las arcas de la Seguridad Social y a la reducción del gasto en subsidios de desempleo. No basta con prohibir horas extras y despedir, hay que hacer algo más.
