Reclaman un plan de medidas “realista” y “alejado del intervencionismo”, que evite que la “controvertida” Ley de Medidas Urgentes en Materia de Contención de Rentas en los Contratos de Arrendamiento, aprobada en Catalunya, tenga un efecto dominó en otras comunidades autónomas con la aprobación de “políticas intervencionistas contraproducentes”.
En estos momentos, “la citada normativa catalana está generando confusión tanto entre los arrendatarios como en los arrendadores, ya que podría tratarse de una ley ‘de dudosa legalidad’. De hecho, fue el propio Consejo de Garantías Estatutarias quien dictaminó que algunos artículos incumplen la Constitución y el propio Estatut. Además, este mismo órgano señaló que la Generalitat no tiene competencias para regular los precios del alquiler, sino que es una facultad del Estado”.
En este sentido, desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias de España, y desde ABSI, asociación integrada en la nacional FAI, insisten en que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana debe dar un paso al frente y atajar uno de los problemas del sector inmobiliario, como es el precio del alquiler y que el Decreto Ley de Reforma de Alquiler no ha conseguido corregir, como en su día ya alertó FAI.
La demanda de viviendas en alquiler sigue al alza, especialmente desde el levantamiento del Estado de Alarma y la oferta de inmuebles ofertados sigue siendo menor que la demanda, exceptuando algunos territorios con menor dinamismo económico. Además, se observa un ajuste de las rentas de alquiler, en determinadas zonas productivas como Madrid o Barcelona, incluso en Balears, como ya se advirtió desde ABSI a través de una encuesta realizada a los asociados, como consecuencia directa de la crisis económica derivada del COVID19, por lo que una limitación normativa, aseguran desde el colectivo, solo añadiría confusión al mercado.
“Esta es la realidad a la que nos enfrentamos y todas las políticas dirigidas a poner un tope a los precios conllevan altos riesgos como la retirada de viviendas para arrendar, que aflore el mercado negro o el envejecimiento del producto en alquiler, al no poder actualizar las rentas, la falta de seguridad jurídica y otras restricciones”.
Ante un mercado que geográficamente va a diferentes velocidades, dependiendo de cada ciudad o provincia, pero con un mismo problema: la no contención de los precios y un contexto económico y laboral complejo para los ciudadanos, “es hora de articular medidas que reflejen todas las realidades y con consenso entre los diferentes gobiernos autonómicos”.
