Desde Més per Mallorca han alegado desconocimiento del tema, mientras que PSIB y Unides Podem, preparando la segunda jornada del debate y han desestimado realizar declaraciones.
Por su parte, Patricia Guasp de Ciudadanos ha evitado hacer declaraciones en un día suficientemente cargado de emociones para ella tras la reciente muerte de su compañero de partido, Joan Mesquida.
También hemos querido conocer la valoración de la propia Consellera d'Afers Socials, Fina Santiago pero no ha sido posible. Con todo, desde su departamento se han mostrado algo molestos con la publicación de la carta editorial del pasado lunes.
Y es que desde la Conselleria reconocen que hay detenidos que sí cobraron las ayudas, pero que solo son dos de los carteristas y que lo hicieron por un periodo de dos meses.
Sea como sea, el Partido Popular se ha hecho eco de la noticia y ya ha planteado una batería de preguntas tanto en el Parlament como en el Ajuntament de Palma para aclarar cuáles son los procedimientos exactos que se siguen a la hora de dar estas subvenciones y evitar que caigan en manos inapropiadas.
"¿Cuáles son los controles que se llevan a cabo por parte d'Afers Socials para todas aquella personas receptoras de ayudas?", ha indicado la diputada Marga Durán, quien ha afirmado que "también queremos saber si se pide un certificado de penales o si tienen alguna causa con la justicia" y ha añadido que "queremos que se nos cuantifiquen las ayudas percibidas por parte de cada uno de los detenidos".
El Pi, por su parte, se ha mostrado más cauteloso y confía en el trabajo de la Justicia para saber qué ha pasado exactamente en la 'Operación Bucarest' y cuántas personas han recibido, y cómo, ayudas sociales de manera fraudulenta.
"Hay que dejar que la justicia haga su trabajo, pero tampoco nos iremos al extremo de decir que la Conselleria d'Afers Socials ha dado subvenciones a toda esta banda de carteristas", ha destacado la diputada Lina Pons.
Desde VOX Baleares se han mostrado muchos más contundentes. Jorge Campos, líder de la formación en las Islas, ha calificado el caso como un escándalo y ha pedido la comparecencia de Fina Santiago en sede parlamentaria para dar las explicaciones pertinentes.
"Ha llegado a manos inapropiadas porque no ha habido control ninguno o los controles han fallado", ha asegurado Campos, quien ha puntualizado que "nosotros hemos pedido todos los expedientes administrativos de esa concesión de ayudas al Ajuntament de Palma, de la Conselleria y la comparecencia de Santiago. Deben asumir responsabilidades políticas porque esto es un escándalo".
