Así se indica en el 'informe relativo a la responsabilidad patrimonial derivada de las medidas administrativas adoptadas con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en las pequeñas y medianas empresas' realizado por el catedrático en Derecho Administrativo, Joan Manuel Trayter, que ha sido presentado este miércoles en la sede de PIMEM.
De este modo, Trayter ha explicado que las decisiones de una administración pública que causa un perjuicio se debe poder reclamar judicialmente. Además, ha apuntado que esta posibilidad está recogida en el artículo 106.2 de la Constitución Española.
"No es la pandemia la que provoca los daños, sino la gestión que están haciendo las instituciones públicas de esta pandemia que a veces no está justificada", señala Trayter, quien ha añadido que "la fuerza mayor aquí no concurre ya que con esta normativa están provocando daños que no vienen de un hecho imprevisible y externo, sino que es la propia gestión que se está haciendo".
Además, Trayter ha puntualizado que las administraciones podrían ayudar a las empresas con los fondos europeos.
Por su parte, el presidente de PIMEM, Jordi Mora, ha puntualizado que la intención no es llevar a las administraciones a los tribunales y ha pedido la creación de mesas sectoriales con la administración para estudiar los daños ocasionados a las empresas con su gestión.
