El Gobierno de Pedro Sánchez, en aplicación del Reglamento del Congreso, está obligado a contestar por escrito. De las Heras ha señalado que “el protocolo y la inmersión lingüística utilizados en Baleares resultan totalmente inconstitucionales”, en referencia al incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo (2548/2014, 2549/2014) que obligan a impartir al menos el 25 por ciento de las asignaturas en castellano con al menos una asignatura troncal, extremo que no se cumple en los centros educativos públicos.
En la primera pregunta registrada se pide al Gobierno de España si “va a promover que en los centros de educación primaria y secundaria de Balears exista la casilla de elección de lengua en la educación de los hijos”. En la segunda, se pregunta si el Ejecutivo de ¨Sánchez va actuar para “el cumplimiento de las sentencias” del Tribunal Supremo.
Patricia de las Heras ha manifestado que “el atropello a las libertades de la Ley Celaá, tanto en materia lingüística como en los ataques a la educación concertada y a la especial, es de una virulencia nunca vista. Aunque, por desgracia, en Baleares, como en otros territorios de España, la erradicación del castellano de la educación no es algo nuevo. La Ley Celaá certifica, intenta dar una pátina de legalidad, a lo que es inconstitucional y lleva décadas sucediendo”.
