La acusación se remonta entre los años 2005 y 2012 en que Cabotá y los otros dos directivos (un hombre y una mujer), tenían el control de la gestión y dirección de diversas sociedades para el desarrollo de proyectos urbanísticos en México.
Dichas sociedades contaban con aportaciones de socios externos, los cuales se vieron perjudicados por la mala gestión económica de los tres acusados, que presuntamente desviaron fondos de forma fraudulenta a otras empresas que controlaban por un importe superior a 1,7 millones de euros.
Ante dicho entramado empresarial en que los acusados, guaidos por el ánimo de beneficiar algunas sociedades en claro perjuicio económico de otras (donde figuraban los socios externos que habían realizado importantes aportaciones dinerarias), el fiscal entiende que es constitutivo de un delito societario continuado, así como de un delito continuado de apropiación indebida.
