También, hace unos días, los medios de comunicación de nuestra comunidad daban luz al anuncio del Govern sobre la expropiación de 56 viviendas situadas en las tres Islas y que serán destinadas al alquiler social. Como era de esperar, el anunció no pasó desapercibido ni dejó a nadie indiferente, -seguramente que era ese el efecto pretendido- pero, como siempre pasa en los últimos años, un gran titular vacío de todo contenido.
En un principio no se trata de una expropiación, aunque a muchos les ha venido muy bien que se utilice ese término, si no que se trata de asumir temporalmente el uso de la vivienda con su correspondiente contraprestación económica y de acuerdo con lo que dice la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, -que por cierto, si no me falla la memoria se aprobó con los votos a favor del PSIB, PP, Ciudadanos y El Pi- pero si se hubiera dicho así no hubiese tenido el impacto mediático conseguido, hasta el extremo que el propio Casado -a pesar de que su partido no se opuso a la Ley- ha puesto el grito en el cielo tachando al Govern de Chavistas, comunistas y no sé cuántos más istas.
Es justo reconocer que la citada Ley tiene muchas cosas positivas y que sería una gran herramienta si, quienes están en la obligación de hacerla valer, la utilizaran en beneficio de la mayoría y no como un arma arrojadiza para utilizar a favor o en contra -depende del bando en el que te encuentres- según convenga a cada uno en cada momento por lo que es posible que hoy para un partido la Ley se buena pero mañana sea mala por intereses electorales.
La citada Ley repite hasta la saciedad, desde el preámbulo hasta los artículos derogatorios, el derecho constitucional a una vivienda digna del que todo españolito goza y de la obligación de los poderes públicos a garantizar este derecho, pero eso es la teoría o la Ley, la practica y la cruda realidad es que, ni los derechos reconocidos por la constitución, son respetados porque siempre, absolutamente siempre, por encima de los derechos de los pobres están los intereses económicos de los grandes y/o los intereses político-electorales de los partidos y así nos va.
Personalmente aplaudo la medida, entre otras cosas porque no es, como se ha querido hacer ver, un ataque a la propiedad privada y mucho menos a los particulares que tienen varias viviendas, si no que se trata de dar un uso adecuado y cubrir unas necesidades urgentes de muchos ciudadanos, utilizando de forma temporal y con su correspondiente contraprestación económica, un bien escaso, en desuso y que la mayoría de las veces los grandes tenedores lo han conseguido gracias al esfuerzo y posterior desgracia de muchos ciudadanos.
56 viviendas no son nada comparado con las necesidades de los Baleares, incluso es posible que no se consiga completar el proceso o que se eternice en el tiempo gracias a los recursos legales que se prevén de inmediato, pero si es un principio, es el primer paso que, como todos sabemos, es el más importante.
Esto no debe ni puede quedarse así, la siguiente noticia ha de ser que el Govern inicia el proceso para la obtención del uso temporal de 5.600 viviendas con su correspondiente contraprestación económica y de acuerdo con lo que dice la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears.
Entonces, y solo entonces, nos creeremos eso de que los poderes públicos velan por defender el derecho constitucional a una vivienda digna a un precio justo.
Salut y muchos más pisos para todos.
