Así mismo, se requiere a los acusados una fianza de 1.785.979 € para asegurar las responsabilidades económicas que les pudieran ser impuestas durante el juicio. En caso de que los tres acusados no aporten la fianza, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para alcanzar dicho montante.
La acusación contra Javier Cabotá y los otros dos acusados, se remonta entre los años 2005 y 2012 en que los encausados tenían el control de la gestión y dirección de diversas sociedades para el desarrollo de proyectos urbanísticos en México.
Dichas sociedades contaban con aportaciones de socios externos, los cuales se vieron perjudicados por la mala gestión económica de los tres acusados, que presuntamente desviaron fondos de forma fraudulenta a otras empresas que controlaban, por un importe superior a 1,7 millones de euros.
En el escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal, se piden seis años de prisión para el empresario Javier Cabotá; de cinco años y seis meses para Juan Ignacio Canals y una pena de cinco años para Carmen Samper.
Ante dicho entramado empresarial en que los acusados, guiados por el ánimo de beneficiar algunas sociedades en claro perjuicio económico de otras (donde figuraban los socios externos que habían realizado importantes aportaciones dinerarias), el fiscal entiende que es constitutivo de un delito societario continuado, así como de un delito continuado de apropiación indebida.
