El conseller de Medi Ambient ha resaltado que "la gestión de aguas residuales es competencia municipal y que la Conselleria solo se puede hacer cargo de ella a través de un convenio habilitante que no existe en estos momentos". Algo que sí sucede en otras 79 depuradoras repartidas por el Archipiélago y en cuyo caso sí que el ayuntamiento pertinente ha cedido sus competencias al Ejecutivo autonómico.
Así, y con el objetivo de una pronta solución, el Govern seguirá "gestionando en precario esta depuradora, tanto por responsabilidad civil como medioambiental, pero se trata de buscar una solución que satisfaga a las tres administraciones implicadas", ha indicado el conseller.
Más allá de procedimientos legales y disputa de competencias, el hecho es que diversas organizaciones medioambientales ya han denunciado en reiteradas ocasiones las graves alteraciones que la actividad de esta infraestructura provoca en la Albufera y la Bahía de Alcúdia, haciendo especial hincapié en el vertido de aguas residuales que se produjo en 2016 y que afectó a cerca de cuatro hectáreas de zona protegida.
Miguel Mir ha negado la mayor, rechazando cualquier responsabilidad por parte de la Conselleria, asegurando que las aguas tratadas cuentan con "las directivas europeas de depuración", señalando que los únicos problemas que existen provienen "de las deficiencias en la red de alcantarillado de los dos municipios".
Sea como fuere, queda en el aire la gestión de una infraestructura capital para los dos ajuntaments, incapaces de llegar a un acuerdo para las partes y con la vía judicial como única respuesta por parte de la Conselleria, incapaz de liderar una negociación que desbloquee una situación que tiene visos de cronificarse sin la intervención final de un juez.
