Las discrepancias afectan al artículo 7 (tramitación de urgencia y despacho prioritario de los procedimientos que comporten expedientes de gasto), 19 (normas especiales en la tramitación del procedimiento de adjudicación), 22 (en materia de personal, comisiones de servicios de atribución temporal de funciones); y la disposición adicional cuarta (sobre la aplicación de determinadas medidas de simplificación administrativa, incluidas en un decreto anterior).
El Boletín Oficial del Estado (BOE) y el de la Comunidad (BOIB) han publicado este jueves un acuerdo firmado en julio para constituir una comisión bilateral de cooperación, con la que negociar entre las dos partes y tratar de resolver las discrepancias evitando el recurso ante el Tribunal Constitucional. Como marca el procedimiento, este acuerdo se comunica al Tribunal.
El decreto en liza fue aprobado en abril por el Consell de Govern y ratificado por el Parlament en mayo, si bien se acordó tramitarlo como proyecto de ley --lo que permite a los grupos del Parlament introducir cambios, manteniendo mientras la vigencia del decreto--.
Entre otros aspectos, el decreto da prioridad y urgencia a la tramitación de los proyectos incluidos en el plan que actualmente elabora la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas adscrita a la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura.
Así, crea un marco general básico dirigido a movilizar, de manera inmediata, el máximo de inversiones y proyectos estratégicos para la comunidad autónoma, y con este fin suspende algunos trámites que no resultan imprescindibles para garantizar la idoneidad de los procedimientos, a la vez que acorta los plazos de los trámites que sí son ineludibles.
