Una tensión que el viernes pasado desembocó en una pelea entre dos miembros de los diferentes colectivos y que parece estar lejos de relajarse a corto plazo.
Así, la ambigüedad en la normativa, ha provocado una disputa entre dos colectivos que luchan por hacerse con un mismo nicho de clientes. Así, los taxistas denuncian que los conductores de viajeros discrecionales "se dedican a venir aquí a captar directamente a los clientes, a abordar al grupo de viajeros". Una medida, que según los taxistas, no respeta el tiempo de precontratación necesario que exigiría la normativa. Los conductores de microbus, por su parte, señalan que "el decreto habla de un servicio precontratado", pero se amparan en el hecho de que no estipula ningún tipo de tiempo mínimo.
Muchos taxistas, además, denuncian que algunos de estos microbuses "engañan con sus tarifas a los clientes", algo que niegan desde la otra parte, asegurando que "nosotros no tenemos un límite de precio fijado, no tenemos una tarificación fija".
Una situación incómoda para ambas partes, ya que mientras unos piden un mayor control sobre la actividad de los microbuses, estos abogan por llegar a un acuerdo con los taxistas a través de una negociación.
Un escenario complicado y en el que la intermediación de la Administración aparece como la única salida viable.
