La sentencia confirma que los hechos son constitutivos de un delito de organización criminal, otro de usurpación de bienes inmuebles, así como de coacciones, tenencia ilícita de armas y defraudación del fluido eléctrico y del agua.
Asimismo, la Audiencia impone para todos los condenados, menos para dos, el pago de una indemnización de 25.000 euros a la empresa Emaya, por defraudar el fluido eléctrico y del agua. Del mismo modo, cada uno de los acusados, menos dos, deberá pagar 6.480 euros por un delito de usurpación y otros 3.240, por pinchar de manera irregular el agua.
Además, el fallo impone para ellos la prohibición de aproximarse a la zona de Son Gotleu por un periodo de cinco años, así como la prohibición de acercarse a menos de 200 metros a una de las víctimas, también por un plazo de cinco años.
La Audiencia ha declarado probado que, entre el mes de octubre de 2013 y hasta mayo de 2014, Los Peludos se dedicaron a localizar y usurpar viviendas desocupadas, la mayoría de ellas propiedad de entidades bancarias, para después alquilarlas de manera ilegal a terceras personas, a las que llegaban a proferir amenazas si ponían en duda la titularidad del inmueble o se retrasaban con el pago.
Principalmente actuaban en el barrio de Son Gotleu, aunque también en la zona de La Soledad, Polígono de Levante, Cala Major y s'Arenal de Palma.
Tal y como establece el fallo, el 'modus operandi' de los condenados consistía en localizar las viviendas, violentar sus puertas y desmontar sus cerraduras, acondicionarlas para poder arrendarlas y, después, anunciar el alquiler en farolas, escaparates o a través del boca a boca.
Además, los acusados se aprovechaban de personas vulnerables -como personas con recursos limitados, inmigrantes sin empleo o con menores a su cargo- que, por razón de necesidad y precariedad económica, aceptaban el alquiler aun desconociendo que quienes lo arrendaban no eran los titulares.
En algunas ocasiones, llegaban a ofrecer incluso un contrato falso en el que se incluía el precio del agua y la luz, que adquirían irregularmente mediante enganches ilegales.
Con todo, la sentencia afirma que cada uno de ellos tenía un papel concreto en la organización ya que, de manera jerarquizada, uno actuaba como cabecilla mientras otros se dedicaban al cobro de los alquileres, a localizar y okupar las viviendas, a acondicionarlas, a cambiar las cerraduras, a realizar los enganches o a proferir amenazas y coacciones.
Además, en los registros domiciliarios efectuados por la Policía, los agentes encontraron objetos sospechosos, tales como cableados, llaves o material de fontanería, así como dinero en efectivo y armas.
