Con este recurso legislativo consigue que mañana mismo sea efectiva la nueva normativa y paralizar con ello cualquier intento de sectores interesados en avanzarse a su entrada en vigor para sustraerse a sus limitaciones.
De hecho, la medida más destacada de las anunciadas este viernes por la presidenta Armengol, la imposibilidad de crear ni una sola plaza turística más -ya sea hotelera o vacacional-, deposita su eficacia real en que se ha anunciado por sorpresa y evitará así movimientos simultáneos de inversores que reclamen la creación de ellas en la Conselleria de Turismo antes de su prohibición.
Paralelamente, el Govern ha anunciado que el decreto será tramitado en forma de proyecto de ley en el Parlament. Con ello, habrá tiempo para ir cerrando puntos que no han acabado de ser pactados en el seño de la propia coalición y, además, cabe la posibilidad de incorporar aportaciones de otros protagonistas políticos, empresariales, profesionales y sindicales.
El "bloqueo de todas las plazas turísticas de Baleares, vacacionales y hoteleras, en las cuatro islas" anunciado por la presidenta Armengol, tiene por objetivo "no apostar por la cantidad sino por la calidad".
Serán los consells los que, finalmente, decidirán si las plazas turísticas y vacacionales que aún se pueden conceder en aplicación de la normativa existente pueden adaptarse o, simplemente, extinguirse.
El decreto comporta "tres patas", en palabras de la presidenta Armengol, con una apuesta por la circularidad y la sostenibilidad, el uso adecuado de recursos como la energía y el agua, y la gestión de los residuos; la mejora de las condiciones laborales; y las modernización de los establecimientos con ayudas públicas.
De hecho, Armengol ha informado que el Govern, consciente de la exigencia de invertir recursos económicos que supone la norma para el sector, aportará 60 millones de euros para su aplicación.
