La conselleria liderada por Miquel Mir no tendrá que afrontar ningún procedimiento judicial por los cerca de 30 vertidos registrados en la Bahía de Palma entre 2017 y 2018.
Así lo ha estimado el juez al archivar la denuncia presentada en su momento por la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, quienes consideraban que el Govern aplicaba el decreto de posidonia al sancionar el fondeo de las embarcaciones de recreo sobre esta planta, pero lo ignoraba al no sancionar a Emaya por los vertidos al mar procedentes de su depuradora.
Si bien el juez reconoce este hecho, también señala que el Govern no se ha desentendido en ningún momento del problema, señalando que el ejecutivo autonómico ha invertido ya más de 220 millones de euros en mejorar una infraestructura esencial cuyo buen funcionamiento evitaría estos daños sobre la posidonia.
Una resolución que exonera al Govern de cualquier responsabilidad, pero en cuyo texto el magistrado recuerda que el archivo de esta causa nada tiene que ver con otros procedimientos abiertos contra el Ayuntamiento de Palma y la responsable de EMAYA en el momento en el que se produjeron los vertidos, Neus Truyol.
